Una comisión del Gobierno vigilará los despidos de bancos con ayudas públicas

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La Moncloa, Empleo, Economía y Hacienda estarán encima de los procesos
Rajoy penalizará solo a los ERE que se ceben en los mayores de 50 años
MIGUEL JIMÉNEZ / MANUEL V. GÓMEZ Madrid 14 MAR 2013 – 23:03 CET43

El Gobierno quiere vigilar de cerca los procesos de reducción de plantilla en los bancos nacionalizados o que reciban ayudas públicas. El decreto-ley que ha preparado Empleo para ser aprobado hoy exige que dichas entidades informen de cada paso que dan en la negociación de los expedientes de regulación de empleo a una comisión técnica formada por representantes de diversos departamentos.
Según el texto redactado por Empleo, y sujeto a posibles cambios hasta su aprobación, dicha comisión estará “integrada por representantes de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas y de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno”.
La exigencia afecta a “las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria [FROB]”. Dichas entidades deberán informar “con carácter previo, tanto del inicio de cualquier procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo a presentar a la representación de los trabajadores durante el desarrollo del periodo de consultas”. La exigencia llega tarde para algunos procesos de ajuste como los de Bankia, banco de Valencia o NCG Banco, que se han cerrado con indemnizaciones superiores al mínimo legal que fija la reforma laboral. Sin embargo, sí que puede afectar a los despidos colectivos de la también nacionalizada Catalunya Banc o Banco Mare Nostrum y de otras entidades con ayudas públicas como Liberbank, Ceiss o Caja3.
Un reglamento creará y regulará el funcionamiento de la comisión técnica “sin que su creación suponga incremento del gasto público”.
Junto a los bancos con ayudas públicas, la exigencia también afectará a “los entes, organismos y entidades que formen parte del sector público estatal y no tengan la consideración de Administración Pública”, esto es, a las empresas públicas del estado. Algunas de ellas, como AENA, también han realizado ya procesos de ajuste en condiciones mucho más ventajosas que las mínimas previstas en la reforma laboral.

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