UGT burló la Ley de Subvenciones con presupuestos ficticios

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Amañó ofertas con sus proveedores de confianza para pedir ayudas a la Junta
Un empresario de Jaén admite ante el juez que investiga la trama que se prestó al engaño
SILVIA MORENO MANUEL Mª BECERROSevilla Actualizado: 21/07/2014
La presunta trama diseñada por la federación andaluza de UGT para desviar subvenciones utilizando facturas falsas estaba tan perfeccionada que intentó cubrir casi todos los flancos para perpetrar el supuesto fraude.
Además de los botes o las mordidas de hasta el 20% que pagaban los proveedores de confianza, UGT implantó un sistema para burlar los controles establecidos en la Ley de Subvenciones, presentando presupuestos ficticios de diferentes empresas ante la Junta de Andalucía para poder acceder así a las ayudas públicas.
La citada ley exige al beneficiario de una subvención que solicite como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, «con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien».
Las tres ofertas para gastos superiores a 15.000 euros deben aportarse en la justificación o en la solicitud de la subvención y debe elegirse «conforme a criterios de eficiencia y economía», dice la Ley de Subvenciones.
UGT-A se saltó estos controles y acudía «siempre a un mismo proveedor para que éste buscase y presentase presupuestos de mayor cuantía para, de este modo, justificar que se acudiese siempre a determinados proveedores de confianza», recoge un atestado de la UCO de la Guardia Civil incluido en el sumario de las facturas falsas que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez.
Diversos correos electrónicos interceptados por los investigadores muestran la dinámica seguida por UGT-A y sus proveedores de confianza, los mismos que también pagaban las mordidas o le confeccionaban las facturas falsas para justificar subvenciones.
«Hola Migue, necesito tres ofertas del programa de sociedad del conocimiento. Tu puedes hacer una por KND, otra por Aula 27, y yo le pido otra a Enrique. Programa Innovando tres importes 185.000 euros. […] Migue, me corre prisa porque tengo que llevarlo el viernes», reclama un trabajador de UGT a Miguel Ángel González.
González es el administrador y máximo responsable de la empresa KND de Jaén, uno de los proveedores del sindicato que fue detenido el pasado 24 de junio en la segunda fase de la operación Cirene, junto a otras 15 personas más, entre ellas Federico Fresneda, ex tesorero de UGT. «Por el tema de Innovando, son alquileres de equipos informáticos y muebles. Nosotros no tenemos IAE de venta de alquiler de este tipo de equipos, por lo que tengo ciertas dudas acerca de si podríamos hacerlo. Yo te puedo facilitar un presupuesto, pero creo que el otro te lo debería dar Siosa, que después de todo va a ser la empresa que va a suministraros el servicio», replica el proveedor en el email.
Miguel Ángel González admitió en su declaración judicial el pasado 25 de junio que UGT les ha solicitado «diferentes presupuestos» de empresas de la competencia para la realización de un mismo servicio, incluso en casos en los que su sociedad no lo iba a prestar.
«Le da la impresión de que lo hacían por ahorrar trámites administrativos en cumplimiento de la Ley de Subvenciones», recoge el acta de su declaración judicial, donde expone que Aula 27 -a la que se pidieron ofertas ficticias- es una asociación a la que estuvo vinculado en el pasado.
Otro mecanismo utilizado para «burlar los controles», según la Guardia Civil, era mantener un mínimo de unidades de los productos adquiridos con facturas «falsas o engordadas», de manera que «ante cualquier inspección de la Administración, siempre se pudiera mostrar alguno», dice el atestado.
«Esto ocurría con camisetas de publicidad, material informático o de cualquier otro tipo», añade la UCO de la Guardia Civil.
Esta técnica para escapar a los controles de la Ley de Subvenciones justificaría la existencia de una factura de la que informó EL MUNDO, en la que UGT adquirió 10 pen drive, 10 cuelgabolsos, 10 mochilas, 10 estuches marcapáginas y 10 cuadernos, pero facturó 7.000 de cada uno. De los 421 euros que costó el material real, se pasó a los 91.000 euros ficticios que terminó abonando la Junta de Andalucía.
Esta factura la hizo la empresa de Madrid Publicar, que lleva un año cerrada, y fue la encargada de suministrar los 700 maletines falsificados en fábricas de Asia que el sindicato regaló en un congreso regional celebrado en Sevilla en 2009. Las dos responsables de esta empresa, Diana y Mónica Corredera, también fueron detenidas.
Fuente: http://owl.li/zogN6

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