UGT-A, a la caza del «topo»

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El sindicato se aplica a fondo a perseguir las filtraciones de facturas, mientras sigue sin aclarar sus gastos sin justificar
ANTONIO R. VEGA / SEVILLA
Día 15/01/2014 – 07.33h
La dirección andaluza de UGT se ha lanzado de lleno a la caza del supuesto «topo» que aireó las facturas falsas y condujo a los incómodos periodistas hasta los sumideros de su contabilidad B. El sindicato se ha aplicado a fondo a esta misión capital, mientras continúa sin aclarar por qué gastó 2.047 euros (la mitad sólo en bandejas de langostinos) en una mariscada para veinte dirigentes en 2009, o pagó maletines falsificados «made in China» para sus delegados e incluso la gestión de su Facebook corporativo con ayudas para formar a desempleados, por citar tres ejemplos sonrojantes que aguardan aún una explicación convincente. Si es que la hay.
Desde el 10 de octubre, el sindicato no ha facilitado información sobre las pesquisas que emprendió en agosto con una comisión anónima que autoabsolvió al sindicato del desvío de fondos de la Junta de Andalucía. Su dictamen nunca se ha hecho público. Pero en ese mismo periodo UGT-A ha ajustado cuentas con los que, presume, han podido exponer a la luz sus secretos contables más íntimos. En diciembre, puso en la calle, mediante un despido disciplinario, al secretario de la sección sindical de la central en Sevilla, Laureano Conde, veterano ugetista al que acusó de borrar 1.756 ficheros desde su ordenador en la sede de UGT-A un programa de borrado de ficheros, el «CCleaner», cuya utilidad para investigación que realiza la juez Mercedes Alaya la propia UGT-A ignora. Con anterioridad abrió otros expedientes a dos trabajadores de la central por filtraciones, a los que eximió de la pena máxima.
El pasado lunes los dirigentes dieron un paso más. Llevaron fuera de la cancha del sindicato su obsesión por descubrir al supuesto «garganta profunda». Pasó de las acusaciones veladas al registro de la casa de un trabajador despedido a finales de 2012. Lo culpa de divulgar documentos comprometedores sobre el trucaje de facturas que hizo pasar a la Junta como gastos de formación o negociación colectiva. Durante el registro, cinco agentes de la Policía Judicial requisaron dos discos duros y varios «pen-drive». Portaban un requerimiento judicial y una denuncia de UGT-A por la revelación de información confidencial —delito penado con entre dos y cuatro años de cárcel—. La denuncia se dirige también contra Laureano Conde, cesado mes y medio antes.
UGT-A inició su particular «caza de brujas» en septiembre, cuando, coincidiendo con la publicación de las primeras facturas falsas, envió una circular a sus trabajadores amenazándoles con acciones penales si pasaban información. Paralelamente, contrató a una empresa para identificar al supuesto filtrador de material clasificado como secreto. La sucesión de irregularidades se ha llevado por delante al dirigente Francisco Fernández, y ha hecho tambalearse al mismísimo Cándido Méndez. Entre tanto, el sindicato busca al culpable del severo lastre de credibilidad que sufre en lugar de localizar a los verdaderos responsables del desvío de fondos. De momento, la transparencia prometida por la nueva secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, está, como su supuesto «Snowden», en paradero desconocido.
Fuente: http://owl.li/sBiaS

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