¿Qué busca Alaya en los fondos de formación de la Junta?

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La juez sevillana pone bajo sospecha las subvenciones concedidas desde 2003
Investiga las exoneraciones del deber de justificar el uso del dinero
No sólo a UGT; también se investigan las ayudas a CCOO y a la patronal
SEBASTIÁN TORRES
ANTONIO SALVADOR Sevilla Actualizado: 25/05/2014
Como quien no quería la cosa, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Javier Guerrero le soltó a la juez Mercedes Alaya que su hucha, el fondo de reptiles, no era nada comparado con el dinero destinado a los cursos de formación. Si él tenía de media, según dijo, 54 millones de euros para repartir, la formación importaba 290 millones al año, más de cinco veces más.
En abril de 2013, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla inició las pesquisas sobre los cursos de formación y esta semana ha enviado un serio aviso, requisando en la práctica el archivo documental que existía en la Junta de Andalucía sobre las subvenciones concedidas en la última década.
La investigación que inicia ahora la juez Alaya se presume colosal, pues abarca desde 2003 en adelante y, si el dato que Guerrero ofreció sobre la cuantía del presupuesto de cursos de formación es correcto, las cifras del supuesto fraude pueden ser mareantes.
La presencia de agentes del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha sido constante esta semana en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, un organismo ahora dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
El martes, los agentes se personaron en dicho departamento, trasladado en los últimos meses a un edificio en pleno barrio de la Judería de Sevilla, para requerir las claves informáticas con las que abrir archivos que la Junta de Andalucía había remitido a la juez Alaya pero que estaban encriptados.
El miércoles, el jueves y el viernes, la UCO regresó a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo para requisar documentos. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que los agentes han vaciado prácticamente el archivo que existía en esas dependencias de la Junta de Andalucía. Es tal el expolio que los interinos que habían sido contratados para revisar las ayudas que estaban bajo sospecha se han quedado sin trabajo porque la UCO se ha llevado los expedientes que estaban analizando.
Desde 2003 a 2012
La Guardia Civil se ha llevado expedientes de ayudas para cursos de formación desde 2003 a 2012. Y entre ellos están las subvenciones concedidas en este tiempo a los sindicatos UGT y CCOO, a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), a consorcios como el de la escuela de hostelería La Cónsula, en Málaga, o a empresas y fundaciones privadas dedicadas a impartir cursos de formación.
Entre éstas se hallan Prescal y la Fundación Formación Profesional para el Empleo (Forpe), entidades de Ángel Ojeda Avilés, ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía en el último gobierno de José Rodríguez de la Borbolla, y que la juez tiene ya bajo su lupa.
¿Pero qué es lo que exactamente está investigando Mercedes Alaya? La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla inició sus pesquisas sobre los cursos de formación después de que la Guardia Civil, en uno de sus atestados por el caso ERE, descubriera que existía una empresa vinculada a Juan Lanzas, Planificación, Cooperación y Desarrollo SL (PCD), que facturó 7,9 millones de euros a UGT por impartir cursos del sindicato.
Este periódico desveló que PCD fue fundada por un dirigente de la federación de autónomos de UGT de Andalucía, solía subcontratar con academias de formación los cursos que le encomendaba el sindicato y que en las facturas aplicó beneficios de hasta el 300%. Es decir, UGT pagaba a PCD hasta un 300% más del coste real de los cursos de formación, que generalmente se sufragaban con subvenciones.
A esta investigación sobre los cursos de UGT hay que sumar otra línea que ha sido encomendada a la juez Alaya: las subvenciones por casi 50 millones de euros que la Junta de Andalucía otorgó a su fundación Faffe para cursos de formación sin que ésta, como ha advertido la Cámara de Cuentas, justificara a qué destinó el dinero.
Si fuera eso lo que está investigando la juez, no necesitaría vaciar prácticamente el archivo de ayudas de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo. Su investigación es, por lo tanto, mucho más amplia.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha reconocido en el Parlamento que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla solicitó a la Junta de Andalucía una relación de las ayudas de formación concedidas desde 2004 a los «agentes sociales».
A ello hay que sumar los interrogatorios a todos el personal raso y jefes de sección o unidades de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que está llevando a cabo la UCO, para conocer todas las vicisitudes sobre la concesión, tramitación, justificación y exoneración en esas ayudas para la formación.
Fuentes consultadas por este diario señalan que la juez investiga el procedimiento de concesión de las ayudas, especialmente en lo que atañe a los beneficiarios, que se repiten con frecuencia en las adjudicaciones con cuantías, en muchos casos, millonarias.
También la magistrada indagará en las exoneraciones de la obligación de justificar las subvenciones que concedió la Consejería de Empleo. La ley impide seguir concediendo ayudas públicas a personas o entidades que están pendientes de justificar el uso del dinero de subvenciones anteriores. En el caso de los cursos de formación, la Junta de Andalucía eximió de dicha obligación a numerosos beneficiarios, una excepción que permite la ley pero sólo en los casos en los que concurran «circunstancias de interés social», algo que la juez Alaya ya investiga.
La juez reactiva la investigación a UGT
Agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han vaciado literalmente esta semana el archivo de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, dependiente ahora de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Los investigadores analizarán todos los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas por este departamento en los últimos diez años. Como informó este periódico, algunas de las ayudas bajo sospecha corresponden a las concedidas por la Consejería de Empleo al grupo empresarial controlado por Ángel Ojeda, ex consejero de Hacienda en la etapa de Rodríguez de la Borbolla. Alaya también está ya en poder de los expedientes de subvenciones a UGT, como se acredita en la fotografía anexa. Ésta se tomó el pasado viernes durante el traslado de cajas al juzgado.
Fuente: http://owl.li/xfSlj

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