Los técnicos del Govern atribuyen a UGT un fraude de 295.000 euros del dinero de la formación

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Denuncian a la Fiscalía el desvío de un fondo de 870.000 recibido en 2009 por el sindicato
Pasaron gastos de su estructura y de empresas controladas por UGT
EDUARDO COLOM | MARÍA FUENTEÁLAMO Palma 17/09/2014
Los informes que la Fiscalía Anticorrupción tiene sobre su mesa y que han provocado la apertura de una nueva investigación por presunta corrupción en el desvío de 2,1 millones de euros públicos reservados a combatir el paro atribuyen al sindicato UGT un presunto fraude de 295.000 euros destinados a formación.
Las denuncias, trasladadas por los servicios jurídicos del Govern al Ministerio Público tras peinar una parte de las miles de facturas bajo sospecha del periodo 2007-2011, estiman que esa cifra que se defraudó supone el 30% de una subvención de 878.181 euros concedida a dedo y de una tacada en 2009.
Se trata de fondos destinados a Formación para 2009 y -en mayor medida- 2010 que salieron directa y exclusivamente del presupuesto de la Comunidad Autónoma (los llamados fondos propios) y que se pagaron en su totalidad por anticipado, antes incluso de que fuesen revisadas las justificaciones de gasto.
A la hora de fiscalizar el gasto, los técnicos del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) han detectado cómo de forma recurrente se imputaron gastos que, según sostienen los informes, ni eran estrictamente necesarios ni se ajustaban a la actividad subvencionada.
Entre otras prácticas, detectaron que se habían imputado gastos de la estructura central de IFES, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, una empresa de UGT dedicada a la formación con sede en Madrid.
Igualmente, se ha descubierto cómo, a la hora de justificar el dinero, se han presentado facturas por costes de servicios como alquileres de inmuebles o compra de material didáctico emitidas por empresas controladas por UGT de forma directa o indirecta. Concretamente por Localmur S.L. y por Formación 2020 S.L. Localmur es propiedad en un 80% de Formación 2020 y en un 20% de UGT; mientras que Formación 2020 está mayoritariamente controlada por IFES. Los informes que está analizando la Fiscalía y agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional cuantifican el sobrecoste originado sólo por estas facturas en 121.777 euros.
La investigación abierta por el Govern y en la que ya trabaja el fiscal anticorrupción Pedro Horrach implica al otro gran sindicato, CCOO, así como a dos patronales, Pimeb y Caeb, además de a una decena de centros de formación privados.
Las irregularidades «sistemáticas» detectadas llevaron a los propios servicios del gobierno autonómico a tomar cartas y denunciar el caso alertando de la presunta existencia de un fraude de subvenciones. Apuntando además a la posible comisión de otros graves delitos como el de falsedad documental, estafa e incluso asociación ilícita al poder estar frente a una estructura societaria concebida y diseñada para lucrarse de forma presuntamente ilegal.
La cifra sube a 2 millones y sólo se ha revisado una cuarta parte
Escrutado sólo un 25%
El informe entregado a Fiscalía por elGovern destaca que «de los 36 expedientes a liquidar» del periodo 2007-2011 -del que se están comprobando las facturas- sólo se han concluido los trabajos de nueve. Es decir, una cuarta parte. Falta todavía el grueso de los mismos.
Irregularidades en más del 40%
Ahora bien, de estos 9 expedientes, los técnicos indican que han encontrado irregularidades en cuatro de ellos -pertenecientes a UGT, Pimeb y CCOO-, es decir, en un 44% de los mismos.
La Caeb, sin contabilizar
El informe señala así mismo que aún no se ha «cerrado la revisión de ningún expediente de Caeb». El retraso, explica, se debe a «su especial complejidad, tanto por ser en formación los expedientes de mayor importe como por la complicad de los criterios» de facturación de la patronal. En las liquidaciones del año pasado ya se detectaron irregularidades y se le exigió la devolución de 1,3 millones de euros.
Más empresas privadas
Pero además de los agentes sociales -sindicatos y patronales-, los técnicos del Soib advierten de que «se están analizando» dos grupos más de empresas privadas dedicadas a la formación sospechosas de presunto fraude.
Este diario ha ido dando cuenta de algunas de las prácticas que se están investigando, desde el presunto desvío de fondos por parte de una ONG privada (y ajena al mundo sindical) para fomentar el empleo entre colectivos de discapacitados, hasta la imputación por parte del sindicato CCOO de 67.000 euros en nóminas anuales de su personal a un fondo de orientación laboral.
Pero entre todas ellas hay una que se repite de forma mayoritaria y es precisamente la que se le atribuye a UGT: la subcontratación con empresas vinculadas con el fin de hinchar los gastos presentando facturas propias de empresas creadas ad hoc (para ese fin) y obtener así un beneficio mayor e injustificado para la entidad que se llevaba los fondos. Siempre con cargo a las arcas públicas y con el pretexto de combatir el desempleo.
Por estas irregularidades, el año pasado el Govern exigió a UGT la devolución de 1,22 millones de euros por subvenciones de 2006. El sindicato amenazó entonces con denunciar al Ejecutivo al que acusó de utilizar unos «criterios peregrinos, exclusivamente políticos, artificialmente construidos y que vean contra la Ley y el Derecho».
La semana pasada, tras conocerse la investigación en fase preliminar de Anticorrupción UGT Baleares emitió un comunicado indicando que todo el dinero recibido para formación se ha dedicado exclusivamente a este fin. Aseguraba que «cumple escrupulosamente la metodología aprobaba por la administración». En esta ocasión, afirmaron que colaborarían con Fiscalía, a la vez que lamentaron que se trataba de «una campaña de desprestigio contra los sindicatos para debilitar su función histórica y constitucional en defensa de la ciudadanía».
Fuente: http://owl.li/BDtkd

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