La Junta reclama 65.000 euros a una fundación participada por UGT y CC OO

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28 de septiembre de 2013. 00:28h
N. Acedo .
La Dirección General de Relaciones Laborales del Ejecutivo regional ha iniciado el procedimiento para la devolución de «las cantidades indebidamente percibidas por declaración de nulidad de las ayudas concedidas» a distintas empresas que, según consta en el sumario del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares (ERE), recibieron dinero de la partida 31L, o sea, el denominado «fondo de reptiles». Entre ellas se encuentra la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y Medio Ambiente (Flacema).
Así, en la página 170 del número 147 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se puede leer que «tras la instrucción y resolución de los correspondientes procedimientos de revisión de oficio de actos nulos, relativos a las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, se ha procedido al inicio de los respectivos procedimientos para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas» a cuatro entidades, una de ellas Flacema, a la que el Gobierno autonómico reclama ahora 65.000 euros.
Se da la circunstancia de que la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente es una institución paritaria sin ánimo de lucro, constituida en el ejercicio 2003 por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) –integrada por las empresas Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, SA (Grupo Votorantim), Grupo Cementos Pórtland Valderrivas, SA, FYM (Italcementi Group), SA y Holcim (España), SA– y las federaciones de la construcción de los dos sindicatos mayoritarios establecidos en la comunidad. En relación a los últimos, en la página web de Flacema se explicita que la conforman MCA/UGT-Andalucía –Federación de Metal Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores– y Fecoma/CC OO-Andalucía –federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras–.
Los secretarios generales tanto de UGT como de CC OO en la región, Francisco Fernández y Francisco Carbonero, respectivamente, han mantenido que sus sindicatos «no han recibido ni un céntimo que tenga que ver con los ERE ni legal ni ilegalmente ni directa ni indirectamente». Si bien, el dinero público de la partida 31L que ahora reclama la Junta cuestionaría esa afirmación.
Y hay más. En el mismo sitio web de Flacema aparecen los logotipos de la Junta y de la Unión Europea, entes que han contribuido con fondos al sostén de la fundación. En el caso del Gobierno autonómico, ha suscrito además convenios de colaboración con la entidad como el rubricado en 2011 por la Consejería de Medio Ambiente para, entre otras cuestiones, llevar a cabo actividades de formación de los trabajadores del sector en materia ambiental, la organización de jornadas de información y sensibilización dirigidas a grupos de interés o «stakeholders» de la industria, o la promoción de la «valorización energética de residuos» en cementeras de la comunidad.
Al margen de esta organización, en el mismo folio del BOJA se deja constancia de la demanda por parte de la Junta de ayudas públicas a Gestión Turística del Sur SL, a la que se requiere el reembolso de 390.657,87 euros.
La juez que instruye la causa de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, solicitó al Ejecutivo andaluz el expediente de un grupo de empresas radicadas en El Pedroso (Sevilla), municipio ligado al ex director general de Trabajo, el imputado Francisco Javier Guerrero, entre las que se encuentra Gestión Turística del Sur. En concreto en el auto de prisión del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, también imputado en el proceso, la magistrada destacó el «extraordinario interés por parte de la Consejería de Empleo por favorecer a determinados empresarios» de esa zona que «le llevó de manera injusta y arbitraria a permitir la concesión de ayudas directas a sociedades por el solo hecho de estar ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla y por tener altos cargos de dicha Consejería relaciones de amistad con los dueños de las mismas». «Nos referimos –añadió Alaya– a otro buen puñado de empresas, algunas de ellas socios de las entidades controladas por los señores José Enrique Rosendo Ríos y José María Sayago Lozano –imputados–». En ese supuesto incluyó a Gestión Turística del Sur, cuyo administrador único es, según obra en el sumario, José Bermúdez Ávila, «dueño y director del hotel Montehueznar que, a su vez, es socio de Desarrollo Local El Pedroso». Según detalla la juez, recibió los 390.657,87 euros que ahora se le exigen «el 2 de febrero de 2004». Esta sociedad puso en marcha en 2003 un centro de formación en El Pedroso para impartir cursos de diferentes disciplinas relacionadas con el turismo rural, de lo que informó la propia sociedad.
Por último, en ese espacio del BOJA queda reflejado también que la Junta reclama el reembolso de 300.000 euros al Grupo Escayolas Saavedra y Yecom, SA.
¿Se pondrá la junta de «perfil» ante las facturas de UGT irregulares?
El vicepresidente Diego Valderas –en la imagen junto a Antonio Maíllo–, espera que en los «próximos días» la Junta cuente con un «perfil de lo que ha ocurrido» con las facturas irregulares de UGT para las ayudas a la formación, tras la investigación interna abierta al respecto. La propia presidenta, Susana Díaz, aseveró ayer haber pedido que «se depuren responsabilidades», aunque aún no se ha dado ningún paso.
Fuente: http://ow.ly/pkMVS

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