La juez Alaya pide las cuentas de las consultoras de la UGT y CCOO desde 2001

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También ha solicitado información sobre todas las federaciones de ambos sindicatos y las comunicaciones al servicio de blanqueo de capitales por parte de las oficinas bancarias usadas en los pagos
ABCDESEVILLA / SEVILLA Día 10/02/2014
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido las cuentas desde 2001 de las consultoras vinculadas a CCOO y UGT, así como información sobre todas las federaciones de ambos sindicatos y las comunicaciones al servicio de blanqueo de capitales (SEPBLAC) por parte de las oficinas bancarias usadas en los pagos.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda solicitar a la Oficina Pública de Depósito de Estatutos datos sobre todas las asociaciones, federaciones o confederaciones formadas por la UGT y CCOO en el ámbito estatal y andaluz.
Además, dentro de su investigación sobre la presunta participación de los sindicatos en las sobrecomisiones que se cobraban por los ERE, solicita a los respectivos Registros Mercantiles la hoja registral y cuentas anuales depositadas entre 2001 y 2012 por Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros, Consultura Actuarial, Temiqui e ITG Industria de Técnica y Gestión, todas ellas vinculadas a los dos sindicatos mayoritarios.
Asimismo, pide que la Agencia Tributaria informe sobre las declaraciones presentadas por todas estas sociedades en el mismo periodo respecto al Impuesto de Sociedades y que la Tesorería de la Seguridad Social remita su vida laboral.
Respecto a la posibilidad de que algunos bancos que trabajaban con las mediadoras de los ERE no hubiesen hecho la declaración obligatoria al servicio de prevención del blanqueo (SEPBLAC), Alaya reclama a las respectivas asesorías jurídicas que informen sobre las personas que entonces ocupaban el puesto de director e interventor.
Según un atestado de la Guardia Civil ningún responsable de esos bancos «dio cuenta al servicio de prevención de blanqueo de capitales» de los pagos irregulares, a pesar de «tratarse de operativas sistemáticas» referenciadas en la normativa de prevención «y por lo tanto sujetos a la obligación de su comunicación».
La Fiscalía Anticorrupción se había quejado en un escrito de que desconocía las instrucciones dadas por la juez a la Guardia Civil para investigar los ERE, a lo que Alaya responde que «son muchas las ayudas sociolaborales analizadas y se continuarán analizando, las que el tiempo que le queda a la presente instrucción lo permita, sin perjuicio de que haya de completarse en su caso en otras instancias».
Fuente: http://owl.li/tv4nN

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