La Guardia Civil halla 334 intrusos en el ERE de la minería de Huelva

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Viera-ChemaBarroso-ElmundoAlgunos de los beneficiarios de los pagos no habían pisado la mina
Otros no tenían la edad mínima o ya estaban recolocados cuando recibieron la ayuda
Entre los que cobraron sin reunir los requisitos estaban ‘los mineros de Chaves’
ANTONIO SALVADOR SEBASTIÁN TORRES Sevilla 19/04/2015
La Guardia Civil concluye que 334 de los 1.169 beneficiarios de ayudas vinculadas al ERE de la Faja Pirítica de Huelva eran intrusos, toda vez que no reunían los requisitos para ello. O nunca habían trabajado en la mina, o no tenían la edad mínima para poder prejubilarse, o ya estaban recolocados cuando recibieron los fondos públicos.
Como viene informando EL MUNDO de Andalucía, el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha entregado ya a la juez Alaya un extenso informe en el que analiza pormenorizadamente las irregularidades que se habrían cometido en los expedientes de subvenciones otorgadas por la Junta a los afectados por la crisis de la minería onubense.
Se trata de uno de los macroprocesos de prejubilaciones más costosos para la Administración autonómica, que se comprometió a abonar a las aseguradoras más de 138,23 millones de euros. La Guardia Civil ha acreditado pagos por al menos 130,84 millones entre septiembre de 2003 y finales de 2010.
1,54 millones en comisiones a UGT y CCOO
La Guardia Civil sostiene que los sindicatos UGT y CCOO percibieron en total más de 1,54 millones de euros en comisiones por su asesoramiento en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva.
En concreto, UGT ingresó 1,22 millones a través de Atlantis Asesores SA, ASP y Temiqui SA y Comisiones Obreras otros 319.330,77 euros por medio de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A.
En el informe enviado a la juez Alaya, los investigadores consideran que esos fondos se ocultaron «en una facturación falsa», toda vez que fue la oficina habilitada por la mediadora Uniter en Valverde del Camino la «realmente gestionó administrativamente las pólizas desde el año 2004».
Los agentes han analizado uno por uno los casos de las 1.169 personas que recibió algún tipo de ayuda en relación con la Faja Pirítica de Huelva -formada por Minas de Río Tinto, Minas de Almagrera, Navan Resources, Filon Sur, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa y Minas de la Herrería- a partir del acuerdo marco que en septiembre de 2002 suscribieron las administraciones estatal (PP) y autonómica (PSOE) para paliar el grave impacto en la zona de la crisis de la minería.
Mientras que la Guardia Civil considera que la actuación del Gobierno central fue escrupulosa, cumpliendo la ley y los plazos de pago del dinero comprometido, la Junta creó «un atajo» que le permitió conceder ayudas a colectivos «sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones para recibir las mismas». Ello, razonan los agentes, les permitió comprar el «favor popular» para asegurarse la «paz social» en la comarca.
En el informe, los investigadores policiales constatan la existencia de «innumerables irregularidades» y llegan a la conclusión de que casi un tercio de los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva no debió beneficiarse de esas ayudas. La Guardia Civil utiliza el término «intruso» para referirse a todos esos beneficiarios en situación irregular.
Sin pisar la mina
Algunos de los prejubilados no habían trabajado nunca en la mina y fueron incluidos como falsos trabajadores. Es el caso de Agustín Moreno Reviriego, ex alcalde socialista de la pedanía jerezana de Torrecera ya imputado por la juez Mercedes Alaya.
Más de un centenar serían intrusos -según la Guardia Civil- por tener menos de 55 años de edad bonificada a 31 de diciembre de 2003, el año en que se firmaron las pólizas.
En sus resoluciones de ayudas extraordinarias a los mineros de Huelva, el Ministerio de Trabajo fundamentaba la competencia para la concesión para aquellos trabajadores «con 55 años o más» que habían sufrido un ERE en las citadas minas. La Junta impuso su propio criterio y rebajó a 50 años la edad para poder acogerse a las medidas sociales, según ha constatado la Guardia Civil.
En este punto, los investigadores llaman la atención sobre el destacado papel que habrían desempeñado UGT y CCOO. «Los sindicatos obtuvieron una posición de poder que les permitió no sólo determinar quién entraba en los listados o no, sino articular una serie de falsedades (en las edades químicas) con el fin de obtener un mayor número de beneficiaros de los que realmente cumplían los requisitos. Además, adaptaban las peticiones en función de la Administración, lo que hizo que a la Junta de Andalucía le remitía un listado de trabajadores mayores de 50 años y, en cambio, sabedores de que la Administración estatal iba a ser escrupulosa con la legislación, mandaron un listado de ex trabajadores mayores de 55 años», concluye.
Los agentes también han identificado 22 casos en dos pólizas de prejubilados -concretamente 19 en la de Minas de Río Tinto y tres en la de Almagrera- de personas que tenían más de 65 años de edad bonificada a 31 de diciembre de 2003.
Otro grupo de intrusos está formado por perceptores de ayudas cuyos nombres no figuraban en el ERE ni en los listados de la Delegación de la Consejería de Trabajo en Huelva. En muchos casos, la inclusión se producía después de que UGT lo solicitara al director general de Trabajo.
Asimismo, los investigadores describen otro colectivo al que no le correspondería las ayudas por estar ya sus integrantes recolocados o no encontrarse en situación de desempleo cuando recibieron las ayudas.
Entre los trabajadores que fueron prejubilados, a pesar de que cuando se aprobaron los ERE de la minería de Huelva fueron recolocados en empresas agrícolas y en la sociedad pública Egmasa, están los mineros que en 2004 denunciaron por escrito ante Manuel Chaves la existencia de fraude en un ERE financiado por la Junta. Los acuerdos firmados por la crisis de la Faja Pirítica impedían prejubilar a quienes se beneficiaran de ayudas para la reinserción laboral.
Por todo ello, la Guardia Civil señala la responsabilidad de José Antonio Viera, consejero de Empleo cuando se firmó el acuerdo marco; de los ex directores generales de la Junta Javier Guerrero y Juan Márquez, y a de varios dirigentes sindicales, como Manuel Pastrana (ex líder de UGT-A) y Francisco Carbonero (CCOO).
Fuente: http://ht.ly/LTIqL

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