España no podrá volver a ser rescatada: los bancos pagarán las futuras crisis financieras

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Eduardo Segovia 24/03/2014 (06:00)
Nunca más. El diseño de la Unión Bancaria acordado la semana pasada prohíbe que el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) vuelva a prestar dinero público a un país para rescatar a su sector financiero, como ha ocurrido con los 41.000 millones inyectados a España. El nuevo mecanismo contempla que, si no basta con los recursos del nuevo fondo europeo de resolución bancaria (55.000 millones) para hacer frente a una crisis financiera, los bancos del país donde se produzca el «accidente» deberán asumir una derrama extraordinaria para pagar su coste. Y, en principio, tampoco se podrá utilizar dinero de los contribuyentes de ese país.
El objetivo último del nuevo mecanismo único de resolución (MUR) europeo es precisamente «romper el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano», lo que en román paladino significa que los contribuyentes no vuelvan a pagar el hundimiento de las entidades financieras, como ha ocurrido en la crisis que estalló en 2008. Y menos todavía, que los contribuyentes alemanes tengan que pagar el desastre de la banca de países poco responsables, como queda claro en las imposiciones de Angela Merkel en el diseño de este mecanismo, que se ha hecho al dictado de Alemania con mínimas cesiones al Parlamento Europeo y al BCE.
Para evitar esta ligazón, se trata de que las pérdidas las asuma todo el mundo que tenga algo que ver con el sector y que no haga falta recurrir a los contribuyentes. Para empezar, se ha reforzado la solvencia de las entidades con las estrictas normas de Basilea III, de forma que ahora cuentan con más capital para hacer frente a las pérdidas inesperadas (aunque el reconocimiento como capital de los DTA, los activos fiscales diferidos, incluye en ese capital un porcentaje de recursos que no son dinero real para asumir pérdidas).
Una vez agotado el capital, deben asumir pérdidas los accionistas y los titulares de híbridos (preferentes y subordinada), como ha ocurrido en España, con la diferencia de que ahora deberán perderlo todo mientras que las preferentes han salvado un porcentaje de su valor porque el Gobierno pidió un trato de favor al haberse colocado entre particulares. El esquema vigente hasta ahora contemplaba que sólo estos títulos asumían pérdidas y a partir de ese momento entraba el dinero público. Con el nuevo mecanismo, después de las preferentes va la deuda senior (los bonos normales de la banca), que también tendrá que perder. Y si no es suficiente, les tocará a los depósitos, que el Fondo de Garantía de Depósitos compensará hasta 100.000 euros –aunque la reducción de tamaño que va a sufrir el FGD ponga en duda el cumplimiento de sus compromisos–.
Sólo una vez que todos estos productos asuman pérdidas por un importe equivalente al 8% de los pasivos de la entidad en apuros, entrará en acción el nuevo fondo europeo de resolución, pero su tamaño –55.000 millones– es una minucia frente al dinero gastado por los Estados europeos en rescatar sus bancos en la actual crisis. Este dinero provendrá de la banca ‘sana’; en el caso español, tendrá que poner entre 5.500 y 8.250 millones, aunque se restarán de la aportación al FGD. Además, no se dotará ni mutualizará completamente hasta 2024. Y si mientras tanto ocurre un «accidente financiero», será el compartimento del país de origen de la entidad el que se utilizará primero. Además, un país puede pedir prestado a los compartimentos de los demás y el fondo en su conjunto puede endeudarse, aunque sin aval de los Estados precisamente para evitar extender el riesgo a los contribuyentes.
¿Y qué pasa si no basta con el fondo europeo de rescate? Esa es la pregunta del millón, que se planteará si se declara una nueva crisis sistémica en uno de los grandes países de la UE o si cae una de las principales entidades del continente. Según fuentes de Economía, no será el MEDE en ningún caso, y en principio tampoco podrá usarse dinero público de los Estados (aunque puede haber modificaciones sobre el borrador acordado la semana pasada). ¿Quién pondrá el dinero entonces? De nuevo, será la banca ‘sana’ la que pague la factura, esta vez mediante una derrama extraordinaria, según las fuentes citadas.
¿Quién decide los rescates?
La decisión de rescatar una entidad y el importe que se necesitará para ello podrá ser tomada indistintamente por el BCE (que como supervisor debería detectar cuándo hay un problema en una entidad) o por el nuevo consejo ejecutivo del MUR. Este consejo estará formado por cuatro expertos independientes que serán los que decidan, acompañados por representantes de la Comisión, el BCE y el país o países afectados, pero no podrán oponerse a la decisión de los expertos, como adelantó el viernes El Confidencial.
Los países sí tendrán algo que decir si el rescate implica más de 5.000 millones del fondo europeo de rescate, pero lo harán en el marco de un plenario de representantes de todos los miembros de la zona euro, por lo que tendrán que buscarse aliados para salirse con la suya. Por tanto, el poder se concentrará en esos cuatro expertos, lo que hace presagiar que habrá tortas entre los países para copar esos puestos.
Fuente: http://owl.li/uTjQF

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