El Gobierno 'salvará' a los altos cargos de las cajas que no hayan requerido rescate

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José Antonio Navas 19/09/2013 (06:00)
El Gobierno ha escuchado el ‘grito de socorro’ de las nuevas fundaciones bancarias y se dispone a introducir una modificación en la ley de Cajas que ahora se tramita en el Parlamento a fin de que los consejeros de estas entidades puedan mantenerse en el puesto hasta el vencimiento de sus mandatos. La enmienda que el Partido Popular negocia con los grupos nacionalistas del PNV y CiU ampliará el horizonte funcional como altos cargos de los cuatro grandes del sector; a saber, Isidro Fainé (La Caixa), Amado Franco (Ibercaja), Braulio Medel (Unicaja) y Mario Fernández (Kutxa).
La ley reguladora de la cajas prevé la conversión de las antiguas entidades confederadas en fundaciones bancarias, pero establece una especie de ‘muralla china’ para que las nuevas instituciones no tengan el mando ni el control de sus propios bancos filiales. Esta divisoria de aguas viene impuesta directamente por la Comisión Europea como uno de los condicionantes elementales del rescate bancario. Las autoridades de Bruselas no están dispuestas a consentir ni una sola veleidad después de haber aportado más de 40.000 millones de euros a España y tratan de hacer buena la máxima en virtud de la cual “quien evita la ocasión, evita el peligro”.
La situación derivada del célebre MoU de asistencia financiera es kafkiana por cuanto que, a la postre, impide que los accionistas de los bancos creados tras el proceso de consolidación sectorial puedan ejercer los derechos legítimos de gestión en sus nuevas propiedades. La burocracia comunitaria alega, no sin razón, que dicha propiedad se ampara con las muletas de cuantiosas ayudas oficiales y, por lo tanto, debe ser puesta en cuarentena. El problema surge con toda su ebullición cuando se trata de grandes cajas que no solamente no han necesitado recursos públicos sino que, por el contrario, han contribuido a la reconversión de otras marcas homólogas en problemas.
La petición expresada al ministro Luis de Guindos por parte de las principales fundaciones bancarias se resume en la conveniencia de arbitrar mecanismos legales que impidan una discriminación negativa metiendo a todas las cajas; buenas o malas, en el mismo saco. En otras palabras, se trata de establecer un margen de confianza en beneficio de gestores que han acreditado solvencia en la administración de sus entidades y compromiso en la reconversión del sector.
La enmienda que está siendo ultimada estos días al proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias se orienta con la misma intencionalidad que ya se ha puesto de manifiesto en otras recientes normativas del ordenamiento societario en España. El Gobierno tiene un precedente muy claro en la orden ministerial que desarrolló en marzo pasado el contenido y la estructura del informe de gobierno corporativo en las sociedades cotizadas.
Respaldo de los grandes ‘lobbies’ bancarios de Europa
Dicha disposición fijaba el límite de doce años para los consejeros independientes en empresas bursátiles, pero concedía un periodo transitorio para que todos los administradores que han superado este plazo puedan seguir en el cargo hasta el final de sus actuales mandatos. Con esta opción, habilitada a última hora, el Ministerio de Economía evitó un movimiento de tierras en las empresas del Ibex 35 que habría afectado a casi un 40% de los llamados consejeros independientes.
La fórmula se ajusta ahora como anillo al dedo a las necesidades que plantean los principales ‘cajeros’ del país, y no es tampoco mal vista por los más reconocidos lobbies europeos del sistema financiero. Tanto la European Saving Banks Group (ESBG) como el World Saving Banks Institute (WSBI) se han interesado por el caso español intensificando la reclamación ante el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. El objetivo no es otro que persuadir a los representantes de la troika, actualmente de visita otra vez en España, para que relajen la presión y den luz verde a la modificación que se propone desde instancias oficiales.
Si los llamados ‘vigilantes de la playa financiera’ otorgan su consentimiento, es muy factible que el propio Partido Popular introduzca directamente la enmienda que asegure a medio y largo plazo la actual compatibilidad de cargos en las presidencias de las fundaciones bancarias y de sus entidades financieras filiales. De lo contrario, los ‘cuatro grandes’ tendrán solamente un año para decidir si prefieren seguir sentados en lo más alto de sus fundaciones a costa de ceder el mando de los nuevos y flamantes bancos creados con la fusión de las cajas. Una elección realmente muy peliaguda que es mejor no acometer con prisas.
Fuente: http://ow.ly/p0Op5 

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