El 80% exige la dimisión de Méndez por el fraude de las facturas de UGT

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Seis de cada 10 españoles lo consideran ‘personalmente’ responsable del escándalo
M Mª BECERRO
S. MORENOSevilla Actualizado: 07/01/2014 03:44 horas
Las explicaciones y excusas reiteradas por la dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT) para cuestionar y desmarcarse del escándalo de las facturas falsas no convencen a la opinión pública. La tesis del mero «error contable», esgrimida tanto por Cándido Méndez como por el ya dimitido secretario general de los ugetistas en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, es rechazada prácticamente por siete de cada 10 españoles.
El 68,5% considera que lo destapado por EL MUNDO (desde las fiestas con barra libre de la Feria de Sevilla a los 700 bolsos falsificados en Asia, pasando por la sistematización del bote para inflar las facturas y rebañar así las subvenciones de común acuerdo con las empresas proveedoras de confianza, o por el cobro de mordidas por servicios abonados íntegramente con cargo a ayudas públicas) es una trama organizada desde los despachos principales del sindicato.
Sólo tres de cada 10 votantes del PSOE aceptan la versión del sindicato
Sólo el 16,5% de los encuestados cree que el desvío sistemático de fondos públicos -a través del maquillaje y el falseamiento contable- pudo realizarse al margen de la Ejecutiva. Los votantes socialistas son los más crédulos en este sentido, aunque en realidad sólo tres de cada 10 comulgan con la versión del sindicato.
Cándido Méndez es señalado directamente con el dedo a partir del escándalo. Un 61,8% de los españoles (el 48,3% entre los simpatizantes del PSOE) considera que el dirigente es «personalmente responsable» de las facturas falsas de UGT en Andalucía. Por el contrario, un 22,5% de ciudadanos (33,6% votantes socialistas) cree aún en la palabra del líder sindical, quien se ha confesado sorprendido desde el primer minuto con las revelaciones de este periódico sobre el verdadero destino de las ayudas otorgadas por las administraciones a la federación andaluza.
La dirección de UGT ha pretendido que Despeñaperros haga también en este caso de cortafuegos natural. Desde Madrid no paran de subrayar la plena autonomía financiera que en la práctica habrían venido disfrutando hasta ahora sus federaciones regionales, pero una cosa son las responsabilidades penales que puedan derivarse de la instrucción del caso de las facturas falsas y otra muy distinta las políticas, claramente diferenciadas por la opinión pública. Y es que resulta abrumadora la mayoría de ciudadanos que considera que Cándido Méndez debe seguir los pasos de Fernández Sevilla y dimitir por el escándalo de las facturas.
Casi el 70% de los electores socialistas quiere que se vaya el secretario general
Un 79,6% de los españoles concluye que Méndez tiene que renunciar como secretario general de UGT tras dos décadas ininterrumpidas en el cargo, saldadas con media docena de huelgas generales. Entre los votantes del PSOE, prácticamente son siete de cada 10 (el 68,7%) los que le piden que asuma responsabilidades dando el paso atrás definitivo.
Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó una semana antes de trascender el escándalo de los caramelos fantasma de los Reyes Magos (la Junta pagó dos veces por las mismas chucherías donadas por UGT-A a la cabalgata de Sevilla en los años 2009 y 2010 con cargo a ayudas para prevención de riesgos laborales), pero sólo unos días después de los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sedes y empresas instrumentales de UGT por orden judicial.
Entre otros edificios, se retiró abundante documentación de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), ubicada en Córdoba y de la que Cándido Méndez fue patrono hasta hace un año, prácticamente coincidiendo en el tiempo con un informe remitido a la juez Mercedes Alaya -en el marco de la investigación de los ERE fraudulentos- en el que el Servicio de Protectorado de Fundaciones de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, confirmaba el vínculo del líder ugetista con la entidad.
Profundizando en el detalle de las preferencias políticas de los encuestados, quienes más críticos se muestran con el papel de la dirección de UGT-A en el escándalo de las facturas falsas son los votantes de UPyD. Son los que más claro tienen que la trama tuvo que diseñarse necesariamente desde la ejecutiva del sindicato (un 85,5% de los partidarios de la formación de Rosa Díez frente al 80,8% de votantes del Partido Popular) y que a Cándido Méndez no le queda más salida que presentar la dimisión (91%; entre los electores del PP, el porcentaje se reduce al 87,2%).
No a la formación de sindicatos y patronal
Las trampas contables de UGT han acrecentado la desconfianza hacia los agentes sociales en general. La mayoría de los españoles critica el hecho de que sindicatos y empresarios dirijan cursos de formación para desempleados con cargo a fondos públicos, lo que se ha demostrado que ha servido como vía de financiación irregular. Más que hacer agua, el modelo de concertación social parece hundido ante la opinión pública. Los porcentajes de rechazo superan el 60%. Una clara mayoría de votantes tanto del PP como del PSOE está en contra de que los sindicatos y la patronal impartan cursillos para preparar profesionalmente a los parados. Entre los simpatizantes del Partido Popular, salen casi calcados los porcentajes de rechazo respecto a la formación tanto de organizaciones sindicales como empresariales (78,9 y 77,1%, respectivamente). No hay tanta homogeneidad entre los que prefieren las siglas socialistas: un 54,8% no ve bien que UGT y CCOO dirijan cursos subvencionados, pero el porcentaje sube siete puntos y medio si se trata de la patronal. Los votantes de IU son los únicos que confían en los sindicatos para formación, aunque cuatro de cada 10 partidarios de Cayo Lara están también en contra. Hay práctica unanimidad a la hora de rechazar los entramados empresariales de las organizaciones sindicales. Al 87,4% de los españoles no le parece bien que los sindicatos tengan sociedades dedicadas a actividades lucrativas. Y es que sólo un 7,2% de los encuestados ve aceptable que, por ejemplo, UGT mantenga una red integrada por 81 sociedades y dos fundaciones que maneja más de 100 millones de euros al año.
Fuente: http://ow.ly/sl6Ax

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